LIMA.– La conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se disputarán la presidencia de Perú en la segunda vuelta el 7 de junio próximo, tras finalizar el escrutinio total de las elecciones del mes pasado luego de un escandaloso recuento.

Fujimori, una de las figuras centrales de la política peruana desde hace varios años, encabezó la votación con 17,18%, al contabilizarse el 100% de las actas de los comicios del 12 de abril que publicó este viernes la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sánchez quedó segundo con 12,03%.

Sin embargo, el Tribunal Electoral de Perú anunció que recién el domingo proclamará oficialmente a los dos candidatos que irán a segunda vuelta tras una primera ronda teñida por el escándalo, luego de que miles de electores no pudieron votar en tiempo y forma por falta de boletas y otros insumos.

Los analistas vaticinan que la segunda vuelta estará marcada por una fuerte división política, en un país que ha vivido en constante inestabilidad con ocho presidentes desde 2018. Más del 70% de los electores votaron por otros candidatos, por lo que ambos postulantes deberán formar coaliciones si desean triunfar.

Un sondeo de Ipsos Perú del 26 de abril mostró que Fujimori y Sánchez estaban empatados con 38% de votos cada uno, en caso de una eventual segunda ronda electoral.

Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, llega por cuarta vez a un balotaje presidencial en Perú. A sus 50 años, la excongresista busca romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia.

Sánchez, que fue ministro del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), pasó a la segunda vuelta tras ganar votos de los Andes y la Amazonía, donde se hizo particularmente fuerte.

Sánchez se presentó en la campaña como aliado de Castillo, condenado a prisión por rebelión al intentar disolver el Congreso a fines de 2022, en un autogolpe que finalmente no se consumó por falta de aliados. Sánchez, que tiene más seguidores en las regiones rurales, portó durante la campaña el sombrero de paja y ala ancha que le regaló Castillo al visitarlo en la cárcel donde cumple sentencia de 11 años.

Visión nacionalista

Su probable ingreso al balotaje golpeó en las últimas semanas a los mercados financieros, lo que refleja la preocupación de los agentes económicos por posibles cambios en la dirección de la política económica bajo un gobierno de izquierda, como un mayor control estatal de la actividad económica y redactar una nueva Constitución en el tercer productor mundial de cobre.

En su primera declarac­ión tras el fin del conteo, Sánchez dijo este viernes que “los trabajadores tienen derecho a ser dueños, empresarios, con una visión nacionalista que genere empleo y desarrollo humano».

Señaló además que será necesario buscar “una gran coalición democrática” para derrotar los problemas del país, como el avance de la criminalidad y “democratizar los derechos económicos”. Y agregó que probablemente anunciaría el miércoles a su posible gabinete de gobierno.

Sánchez plantea una mayor supervisión estatal de los recursos naturales, incluyendo la revisión de los contratos mineros y de gas, la imposición de impuestos sobre las ganancias extraordinarias y un tributo sobre el patrimonio a las personas de mayores ingresos.

“Nosotros no le vamos a expropiar nada al que tiene propiedad. Pero exigimos, por el abandono en que está nuestro pueblo, reequilibrar esos estándares, es lo justo», señaló. Castillo también había intentado reescribir la Constitución, subrayando precisamente la necesidad de una Carta Magna más flexible que le diera más juego al Estado sobre la economía.

El exministro de Comercio Exterior manifestó asimismo que Perú debe permanecer abierto a socios internacionales, pero en condiciones “justas”, con transferencia tecnológica, industrialización y protección del medio ambiente.

Aseguró además que reevaluaría los contratos de explotación para reflejar los actuales precios de las materias primas y los estándares internacionales, manteniendo las relaciones comerciales con los socios clave como China y Estados Unidos. “Perú vende piedras”, dijo.

“Treinta años de minería y los pueblos mineros siguen siendo los más pobres», agregó sobre las condiciones de las localidades del interior cercanas a los yacimientos.

Criado en una familia con raíces en el sur de Perú, Sánchez dijo que alguna vez aspiró a ser sacerdote y que el trabajo social en la Iglesia le reforzó su vocación política.

Además de un Estado más activo en lo económico, su partido ha propuesto otros cambios radicales, como penas más severas para el soborno, la inhabilitación de por vida para cargos públicos para funcionarios corruptos y una reforma integral del sistema judicial.

Como han hecho también otros candidatos en estas elecciones, donde la violencia fue la preocupación número uno de los votantes, propone que el Ejército apoye a la policía en la lucha contra el crimen organizado.

En las últimas semanas, Sánchez anunció la inclusión para su campaña de un controvertido exfiscal que investigó a su rival Fujimori en un caso que fue anulado por vicios procesales. Asimismo, ha recibido el apoyo de un militar retirado ultranacionalista que estuvo casi 18 años preso por una rebelión a comienzos de siglo.

Esta semana medios peruanos revelaron que un fiscal solicitó cinco años de prisión para Sánchez, a raíz de una vieja denuncia por una declaración presuntamente falsa sobre aportes de campaña en unas elecciones anteriores. Su abogado rechazó la denuncia, pero los analistas dicen que su imagen podría deteriorase.

Vinculado estrechamente con Castillo, a quien se refiere como su “presidente”, Sánchez prometió buscar su liberación y exigir justicia para quienes murieron durante las protestas que siguieron a su destitución, cuando fue reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.

Sánchez manifestó que fue Castillo quien lo propuso para ser candidato y cambiar lo que el mundo considera una “democracia híbrida” en Perú. “Con el presidente (Castillo) decimos, esta es nuestra oportunidad, tener el gobierno para construir un proyecto político”, concluyó.

Sus chances en el balotaje tendrán como aliado invisible el rechazo que aún suscita en Perú el apellido Fujimori, que separa las aguas desde hace más de tres décadas, cuando gobernaba el patriarca del clan y su hija Keiko oficiaba de primera dama tras la separación de sus padres. Una encuesta de Ipsos Perú en febrero mostró que el 64% “definitivamente” no votaría por Keiko en estos comicios.

Agencias AP, AFP y Reuters

La Nación