Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria, liderados por el ex canciller Santiago Cafiero, ha presentado un proyecto de resolución para citar al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, al Congreso. El objetivo es que explique los detalles de la nueva ruta aérea que conecta Punta Arenas con las Islas Malvinas y si esta será utilizada para abastecer «proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera en áreas sujetas a la disputa de soberanía».
Los diputados buscan que el embajador brinde información sobre la postura oficial del Gobierno chileno respecto a la apertura de esta ruta y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la Cuestión Malvinas. Además, se requiere que aclare la participación o autorización de las autoridades chilenas en la operación.
De acuerdo con reportes de prensa, la empresa chilena Easter Island Naviera tiene planes de iniciar en noviembre una conexión marítima regular con el buque Danstar, destinada al abastecimiento comercial de las islas.
Los fundamentos del proyecto de resolución indican que la mencionada iniciativa ha suscitado interrogantes sobre sus alcances políticos, económicos y diplomáticos, especialmente en relación con la histórica postura argentina sobre la cuestión Malvinas. Señalan que esta nueva ruta debe ser analizada a la luz de las declaraciones históricas de Chile en el marco del MERCOSUR, así como de los pronunciamientos bilaterales que han respaldado los derechos de soberanía de Argentina.
Se enfatiza que la Argentina debe asegurar que los compromisos diplomáticos de apoyo a su soberanía sean reflejados en acciones concretas por parte de los Estados de la región, respetando el derecho internacional y los regímenes de navegación aplicables. Por ello, se considera necesario esclarecer aspectos como la naturaleza de la operación comercial anunciada, la intervención de autoridades chilenas, y el tipo de mercaderías que se transportarán.
Asimismo, se plantea la necesidad de determinar si se deben examinar las disposiciones de la Ley 26.659, que establece prohibiciones y sanciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. La situación crea interrogantes sobre las implicancias para la posición argentina en la cuestión Malvinas, especialmente ante la posibilidad de que nuevas conexiones logísticas faciliten actividades económicas en el territorio en disputa.
Cafiero y los diputados firmantes subrayan la importancia de conocer si la nueva conexión marítima se destinará únicamente al abastecimiento comercial de la población de las islas o si también podría facilitar actividades vinculadas a la exploración y explotación de recursos naturales sin autorización de Argentina.
En las últimas décadas, Chile ha reafirmado su respaldo a los derechos de soberanía argentinos sobre las Islas Malvinas, lo que hace necesario entender cómo se alinean estas declaraciones con el establecimiento de nuevas conexiones comerciales hacia el territorio en disputa.
Fuente: NA
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