Un reciente informe ha revelado que el comercio ilícito en Argentina representa el 5,06% del producto bruto interno (PBI), lo que pone de manifiesto la magnitud del problema del contrabando y la comercialización de productos ilegales en el país. Este estudio, elaborado por Insight LAC, se publica en un contexto donde el Gobierno, la Unión Industrial Argentina (UIA) y Mercado Libre han firmado un acuerdo para fortalecer los controles sobre el comercio irregular.
El documento titulado «Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce» advierte sobre los riesgos de trasladar las responsabilidades de fiscalización a las plataformas de comercio electrónico, funciones que deberían corresponder al Estado. Aunque se reconoce que la información generada por las operaciones digitales puede ser útil para detectar irregularidades, se cuestiona la imposición de obligaciones generales de vigilancia sobre estas empresas.
Según el informe, el comercio informal abarca diversas situaciones, desde la evasión tributaria hasta la venta de artículos sin certificaciones exigidas. Un ejemplo reciente es el operativo de ARCA, que detectó 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario en un control realizado en el Puente Internacional Salto Grande, con una valuación total de 450 millones de pesos.
El estudio también destaca que no todas las irregularidades tienen las mismas causas ni pueden ser abordadas con los mismos métodos de control. Uno de los factores que promueven los mercados paralelos es la diferencia de precios entre productos en canales formales e informales, que en el caso de artículos electrónicos de alta gama puede llegar a ser del 30% al 40%. Para productos como cigarrillos, la carga impositiva puede representar alrededor del 80% del precio final.
En un esfuerzo por combatir la informalidad, el acuerdo entre el Gobierno y las plataformas tecnológicas busca mejorar el intercambio de información y los mecanismos de control sobre productos comercializados digitalmente. Si bien los marketplaces pueden contribuir a la detección de actividades irregulares, el informe enfatiza que no deben asumir funciones de fiscalización que son competencia del Estado.
El estudio sugiere fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado aprovechando la información existente y propone integrar datos de diferentes organismos para identificar operaciones sospechosas. Además, se recomienda simplificar los procesos de certificación y homologación de productos, facilitar la formalización de pequeños vendedores y desarrollar un sistema de estadísticas sobre comercio electrónico e informalidad.
Fuente: La Nación
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