Los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri brindaron detalles en una conferencia de prensa.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Defenda, Luis Petri, anunciaron este jueves un paquete de leyes que incluirá, entre otros puntos, una normativa para instrumentar penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos. También, la modificación de la Ley de Seguridad Interior para modificar el rol de las Fuerzas Armadas.
Según había adelantado el vocero presidencial, Manuel Adorni, el mencionado paquete de leyes a modificar o enviar al Congreso para su aprobación: «Legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos».
En cuanto a las leyes para el área de Seguridad, estas modificaciones ya habían sido presentadas en la Ley Ómnibus, que el oficialismo presentó al inicio de la gestión pero no logró motorizar en el Congreso. Por ello, desde Casa Rosada decidieron avanzar de nuevo con estas iniciativas, pero esta vez en un paquete mucho más acotado.
De manera puntual, y con relación a las manifestaciones, marchas y piquetes, se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes «sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas» será de uno a tres años y seis meses de prisión.
Según el proyecto original, que ahora se buscará reflotar, se aclara además que si el acto se hace «portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado».
Asimismo, se buscará crear la figura penal para «quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad», los cuales «serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe».Por otra parte, también se indica que los organizadores «serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado» durante la protesta y que si durante la movilización se corta el tránsito o participan «menores sin la correspondiente compañía» de sus tutores, serán multados por hasta veinte mil unidades fijas, lo que equivale actualmente a 5.802.000 de pesos.
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