El gobierno de Leandro Zdero enfrenta serias críticas tras una denuncia que revela un gasto acumulado de más de $36.000 millones en publicidad oficial desde 2024 hasta el primer semestre de 2026. Esta situación se agrava en medio de conflictos salariales y recortes en áreas esenciales de la provincia.
Durante el programa TLN Denuncia, el periodista Tomás Méndez presentó una planilla que detalla los pagos realizados, actualizada al 30 de junio de este año. La cifra divulgada, aproximadamente $36.188 millones, se basa en registros de la Tesorería General y desglosa los pagos por año y proveedor, abarcando medios de comunicación, productoras, agencias de publicidad y consultoras.
A pesar de la contundencia de la cifra, la denuncia no fue acompañada de documentación que permita auditar de manera independiente cada uno de los pagos. Sin embargo, informes previos ya habían indicado que la pauta publicitaria en la provincia había movilizado miles de millones de pesos durante 2026.
Un análisis de la Tesorería estimó que solo en enero y febrero se gastaron $3.880.154.609,16, y que en los primeros cuatro meses del año el total ascendió a $6.634.714.714,91. Esta cifra supera el ahorro de entre $3.000 millones y $4.000 millones que el Ejecutivo citó para justificar la suspensión de las elecciones primarias.
La gestión de Zdero ha defendido decisiones de austeridad, pero el ritmo de gastos publicitarios durante los primeros meses del año se traduce en más de $1.650 millones mensuales. Entre los desembolsos se registraron $3.365 millones desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos y otros montos significativos desde Lotería Chaqueña y el Poder Legislativo.
Méndez indicó que algunos beneficiarios del gasto publicitario superaron los $1.000 millones y que parte del dinero se ha utilizado para campañas digitales y posicionamiento en redes sociales. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido corroboradas sin la presentación de contratos y órdenes de pago.
A medida que se denuncia el uso de fondos públicos para la comunicación oficial, los gremios docentes y otros sectores estatales han manifestado preocupaciones por la pérdida salarial y los recortes en recursos. La gran suma destinada a la publicidad no explica por sí sola estas crisis, pero pone en cuestión la priorización de recursos del gobierno.
La Secretaría de Asuntos Estratégicos, bajo la dirección de Marcos Resico, es la encargada de la distribución de estos fondos. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha proporcionado una respuesta clara ni una lista que detalle a todos los beneficiarios, lo que dificulta la verificación de las cifras presentadas.
La falta de una respuesta oficial no valida las acusaciones, pero sí deja sin aclarar las disparidades entre los montos verificados y los más de $36.000 millones presentados al cierre de junio. Este caso plantea serias dudas sobre el compromiso del gobierno con la austeridad, especialmente dado que el gasto publicitario supera el costo que se utilizó como justificación para eliminar instancias electorales.
La transparencia en la gestión se vuelve crucial; la presentación de la planilla completa y los contratos relacionados es esencial para determinar cuánto recibió cada proveedor y qué servicios se prestaron. Sin estos datos, la narrativa de austeridad queda debilitada ante el evidente incremento en la promoción oficial.
Fuente: NA
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