ICE Enfrenta Demanda por Cambios en Acceso a Información de Detenidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentra en el centro de una controversia tras modificar las condiciones de acceso a la información sobre los inmigrantes bajo su custodia. La medida ha llevado a una demanda judicial que cuestiona la nueva política de localización de detenidos.

Detalles de la Nueva Política de Localización

Desde el 15 de septiembre, el ICE implementó la llamada ODLS Final Order Policy, lo que ha dificultado la posibilidad de ubicar a inmigrantes con órdenes de deportación definitiva. Según las organizaciones demandantes, quienes intentan encontrar información a través del Sistema en Línea de Localización de Detenidos (ODLS) ahora pueden recibir resultados vacíos.

Impacto en la Asistencia Legal

La falta de información sobre la ubicación de los detenidos ha generado complicaciones para los abogados que representan a estos inmigrantes. La demanda, conocida como Greater Boston Legal Services et al. v. Mullin, sostiene que la nueva política obstaculiza el acceso a la defensa legal, impidiendo que los abogados puedan coordinar entrevistas y presentar documentos en tiempo y forma.

Argumentos Legales en la Demanda

Las organizaciones que han presentado la demanda, incluyendo Greater Boston Legal Services y la ACLU, argumentan que el ICE ha cambiado una política que había estado en vigor durante 16 años sin justificación pública ni evaluación de sus consecuencias. También se alega que esta modificación infringe la Primera Enmienda al limitar la comunicación entre abogados y clientes, además de contradecir la Ley de Libertad de Información.

Solicitudes de la Demanda

En el marco de la demanda, se solicita la suspensión inmediata de la nueva política y el restablecimiento de la información de ubicación en el portal ODLS. Asimismo, se exige la publicación del documento que establece las nuevas disposiciones, argumentando que la falta de transparencia afecta directamente a los derechos de los detenidos y sus representantes legales.

Fuente: La Nación