La suspensión de la auditoría nacional sobre pensiones por discapacidad impacta de lleno en Chaco, la provincia con más beneficiarios del país: registra 86 pensiones cada mil habitantes, El Ministerio de Salud resolvió interrumpir la auditoría sobre las pensiones por discapacidad en todo el país, una medida que se mantendrá vigente mientras dure la investigación interna abierta en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que fue intervenido tras las denuncias contra su exdirector Diego Spagnuolo.
Hasta el momento, se habían dado de baja más de 128 mil pensiones, de las cuales la mayoría correspondía a beneficios mal otorgados, otras a personas fallecidas y un número menor a ciudadanos que renunciaron al cobro. Sin embargo, con la intervención de la agencia se revisarán nuevamente todas esas bajas y se detuvo el envío de citaciones y controles presenciales a los más de un millón de beneficiarios que perciben la prestación por invalidez laboral.
La decisión fue adoptada por el ministro Mario Lugones, quien reporta semanalmente en Casa Rosada sobre el proceso de reordenamiento. “Las bajas están pausadas hasta que concluya la auditoría, que se concentra en tres ejes: pensiones, compras y estructura interna”, señalaron fuentes oficiales.
La medida se conoció en paralelo a la votación en el Senado que revirtió el veto presidencial y restableció la ley de emergencia en discapacidad, vigente hasta diciembre de 2026. La norma contempla la actualización de aranceles, compensaciones y una reformulación de las pensiones no contributivas. El resultado marcó un fuerte revés político para el oficialismo: con 63 votos a favor y apenas 7 en contra, la oposición logró por primera vez en dos décadas imponerse sobre un veto presidencial.
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