Una investigación judicial ha revelado el esquema ilícito mediante el cual el empresario Lázaro Báez impartía órdenes desde su celda en el penal de Ezeiza, dirigiendo una organización que administraba bienes sujetos a decomiso por delitos de corrupción. Esta operación ha sido documentada en la Causa Coirón, que ha registrado movimientos financieros por aproximadamente $390 millones de pesos en tan solo ocho meses.
Durante una reciente audiencia judicial ante la Justicia Federal de Río Gallegos, se presentó evidencia de que Báez, junto a otros detenidos, participó a través de videoconferencia. A pesar de cumplir una condena de 15 años de prisión con el decomiso de sus bienes, el empresario kirchnerista utilizó una red de al menos 12 personas para gestionar propiedades que deberían estar bajo control judicial.
El martes pasado, se realizó un allanamiento en la celda de Báez, donde se encontraron cuadernos con información detallada sobre operaciones financieras relacionadas con bienes, alquileres y otros inmuebles en situación de decomiso. Este hallazgo se produjo en el contexto de 27 allanamientos simultáneos llevados a cabo en varias localidades, incluyendo Río Gallegos y Buenos Aires, relacionados con investigaciones por lavado de dinero y narcotráfico.
Los primeros detenidos en el marco de esta causa fueron la pareja de Báez, Claudia Insaurralde, y Cristian Sebastián Ibañez, quienes fueron arrestados en el Aeropuerto de Ezeiza al llegar de un vuelo desde Río Gallegos. En su detención, se les incautaron cuatro valijas de gran tamaño y, según el juez federal Claudio Vázquez, representaban un riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación.
La Causa Coirón ha sido caratulada como “Báez, Lázaro Antonio, Insaurralde, Claudia Noemí, Ibáñez, Cristian Sebastián y otros s/ lavado de activos, asociación ilícita y otros” y se originó a partir de datos obtenidos de comunicaciones telefónicas entre Báez y un investigado en una causa por narcotráfico. Esta investigación ha dejado al descubierto una estructura organizada que permite a Báez dar directivas desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con una conducción ejecutiva de confianza que incluye a Insaurralde e Ibáñez.
El informe judicial detalla que entre el 1° de diciembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026, se registraron 677 operaciones por un total de $380.620.089. La investigación indica que la organización no se formó a partir de nuevas sociedades, sino que operó sobre un patrimonio preexistente que ya estaba comprometido judicialmente. El objetivo era mantener estos activos productivos y generar ingresos.
Los activos investigados incluyen estancias, propiedades en El Calafate y otras empresas, así como un vehículo Ford Mondeo de Báez. La fiscalía ha solicitado una serie de medidas cautelares, incluyendo la inhibición general de bienes y el levantamiento del secreto bancario.
Fuente: La Nación
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